Extracte de l'Informe de la UPIT
La reforma que acaba de imponer el Gobierno es la manifestación acabada del pensamiento conservador en la materia: lejos de constituir, como proclama, un equilibrio de condiciones, es la expresión de un nuevo y grave desequilibrio entre empresarios y trabajadores, que poco tiene que ver con el fomento del empleo, y mucho con el establecimiento de un nuevo e injusto marco de relaciones laborales en el que el empresario refuerza su hegemonía a costa de reducir la intervención de los trabajadores y de los poderes públicos. Así:
- Consagra la privatización, ya iniciada, de los servicios de colocación, en manos de las ETT, colocando al SPEE en situación de subsidiariedad. Refuerza definitivamente el papel del sector privado en la formación profesional, colocando incluso a las empresas de formación en el ámbito de decisión de la planificación en la materia.
- No aborda en absoluto, a pesar de su declaración de intenciones, el problema básico de nuestro mercado de trabajo, que es la inestabilidad y la temporalidad. Antes al contrario, la fomenta al eliminar las limitaciones al contrato de formación y aprendizaje (que recuperan, por cierto, además la reducción en las cuotas de S. Social a cargo del sistema), poniendo de nuevo a la orden del día la posibilidad de actuación fraudulenta, al poder perpetuar en la práctica estos contratos sin garantía alguna de que la formación sea real, al no realizarse en la empresa, y todo ello con enormes dificultades de control. O al introducir un periodo de prueba de un año en los contratos “de apoyo a los emprendedores”, lo que desnaturaliza su denominación de indefinidos: con independencia de la más que dudosa legalidad de un periodo de prueba tan dilatado, lo que realmente se instaura es un nuevo modelo de contrato temporal por máximo de un año, en el que, pudiendo renunciar posteriormente a los beneficios fiscales o de seguridad social (eso si hay capacidad de control por parte de la ITSS, lo que es bien dudoso), el empresario no tiene obligación alguna de carácter indemnizatorio. Y, naturalmente, el trabajador pierde toda capacidad de reclamación por los incumplimientos legales del empresario, lo que extrema el abuso.
- Introduce elementos de flexibilidad interna (supresión de las categorías profesionales, ampliación al salario como supuesto de modificación sustancial de condiciones de trabajo, extensión de las materias de descuelgue y aplicación a los convenios de empresa y no sólo sectoriales, posibilidad de realización de horas extraordinarias en trabajos a tiempo parcial, libre disposición por el empresario como irregular de al menos el 5% de la jornada de trabajo, etc…) que no se compensan con mecanismos de participación de los trabajadores y sus representantes en la empresa ni con elementos de control público para impedir el abuso.
- Reduce la indemnización por despido improcedente a 33 días por año y a un límite de 24 mensualidades para todos los contratos indefinidos a suscribir a partir de su entrada en vigor y, en una pirueta jurídica, aplica también esta rebaja a partir de este momento a los contratos vigentes con anterioridad. Esta es la fórmula elegida para reducir la “dualidad”del mercado de trabajo. Frente al control del fraude en la contratación temporal, se elige la reducción de la indemnización.
- Elimina los salarios de tramitación en el caso de despido improcedente sin readmisión.
- Suprime la autorización administrativa para las suspensiones de contrato, reducciones de jornada y despidos colectivos, en línea también con las antiguas reivindicaciones patronales que desde hace tiempo han pretendido (y ahora conseguido) desplazar a los poderes públicos de sus decisiones por razones económicas (que flexibiliza hasta el paroxismo, al establecer periodos trimestrales con muy difícil control), organizativas o productivas. En particular, el papel de la ITSS queda reducido a un mero control formal y procedimental.
- Abre la posibilidad de despidos colectivos en las AAPP, al considerar dificultades presupuestarias como causa económica, lo que abre la veda para la masiva reducción de personal laboral en todos sus ámbitos con la simple plasmación presupuestaria de la voluntad política de hacerlo, es decir, con la más plena descausalización real.
- Retrocede en los mecanismos de control establecidos para evitar el efecto sustitución de trabajadores por aplicación de las nuevas figuras contractuales o incentivos.
- Destruye los sistemas de articulación de la negociación colectiva, expresión de la autonomía de empresarios y trabajadores, minando la cobertura que los convenios sectoriales representan para los trabajadores de mayor debilidad contractual.
- Estos rasgos presentan un conjunto profundamente desequilibrado e injusto, ciertamente agresivo como se ha calificado por el Gobierno. No guarda relación apreciable con la creación o el mantenimiento del empleo, por lo que es conscientemente ineficaz. Sólo pretende el abaratamiento del coste del trabajo y la ruptura del equilibrio en la relación laboral colectiva en perjuicio de los trabajadores. Representa, junto a la irrupción del sector privado en el núcleo de las actividades de ocupación y formación profesional, el retroceso en los mecanismos de regulación y control públicos en las relaciones laborales, desbordando la capacidad de la ITSS las facilidades de actuación en fraude de ley que proporcionan algunas de estas novedades.
En definitiva, el objetivo real de la reforma no es otro que crear las condiciones para un nuevo impulso a la transferencia de renta de los asalariados a los empresarios que ya se viene produciendo en nuestro país desde hace años.
Pues bien, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo no puede estar de acuerdo con estos contenidos. Sostenemos que es necesario el mantenimiento del equilibrio en las relaciones de trabajo como instrumento de progreso; que los poderes públicos no deben abdicar de sus responsabilidades de regulación y control; que, en este marco, las organizaciones empresariales y sindicales fuertes son la condición para el necesario diálogo social; que nuestro objetivo como nación, en el terreno económico, no puede ser, como ya hemos declarado, “competir a base de bajos salarios, precarización y desregulación con países de reciente desarrollo, sino defender los avances del Estado de bienestar,adecuando lo necesario para conseguir mayor estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo más flexibles mediante mayor participación de los trabajadores y sus representantes y ampliando el ejercicio de la democracia en el ámbito de la empresa”. En la medida que nos corresponda, continuaremos trabajando, desde nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, para que estas ideas se abran camino en beneficio de nuestra sociedad.
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