25 de febr. 2012

Xanerrasti: Poder empresarial y legitimación social

En fin, España ha llegado tarde a la democracia, y aprobamos una Constitución copiada de las de otros Estados europeos que habían salido del fascismo 30 años antes que nosotros (Italia y Alemania), cuando las instituciones propias del Estado Social de Derecho iniciaban su crisis. Con la negociación colectiva ha ocurrido lo mismo y por ello en este país la autonomía reguladora de sindicatos y patronal ha fracasado sustancialmente. Curiosamente gracias a la reforma laboral de 1997, promovida por el Ministro Arenas, esa autonomía negocial tuvo durante unos años un momento de auge y de gran creatividad, que se estancó a partir de la quiebra social que produjo la reforma laboral de 2002 y la pésima gestión del mundo del trabajo por el Gobierno durante la segunda legislatura de Aznar. La era Zapatero significó el estancamiento, hasta que a partir de 2010 se inició su liquidación, que se llevó a cabo esencialmente con el Real Decreto-Ley 7/2011.
No nos engañemos: el contrato de trabajo nunca en la historia de España ha regido la vida de la relación laboral (salvo quizá en el caso de altos directivos y futbolistas de élite). Son las normas jurídicas las que lo han hecho, en su versión estatal de Leyes y Reglamentos o en la versión negocial en forma de convenios colectivos y pactos de empresa. Lo que está ocurriendo desde ya hace muchos años es que se están desmontando los contenidos regulatorios, sea cual sea su origen, y que, por ello, lo único que queda como elemento rector de la vida de la relación laboral es el poder de dirección del empresario. Pero todo el mundo debería recordar que la legitimación jurídica y social del ejercicio del poder es imprescindible para su viabilidad a medio plazo. La crisis de legitimación es una crisis de supervivencia para el poder. Por tanto si se desmonta la legitimación proporcionada por la sumisión a la Ley de ambas partes supuestamente iguales, si la ficción del contrato de trabajo se hace increíble para todos, la necesidad de legitimación del poder empresarial es acuciante.
Legitimación no significa necesariamente un razonamiento lógico-abstracto, sino que puede bastar (y de hecho suele funcionar mejor en sociedades atrasadas) con la asunción de una determinada función mágico-religiosa o de un papel mítico. En épocas de crisis es posible que se llegue a aceptar socialmente la legitimación del poder empresarial por su función de creador de riqueza (esto es, de empleo) y sobre esta función, tan estudiada en la antropología de las sociedades primitivas (el Rey que traía las lluvias y las buenas cosechas), pivota el discurso del Gobierno Rajoy. Pero como también sabe cualquier antropólogo, ese tipo de legitimación tiene un grave riesgo y es que la lluvia no llegue y la tribu pase hambre, puesto que en dicho caso peligra la supervivencia del Rey taumaturgo. La lógica en ese tipo de relaciones se simplifica tanto que puede terminar a golpes si la cosecha se pierde. He oído contar varias veces, aunque posiblemente sea una leyenda, cómo en un pueblo del Cerrato palentino sacaban a la Virgen en procesión para pedir lluvia y cómo, después de que las cosechas se arruinasen definitivamente por una tormenta de pedrisco, la tiraron al regato. Ese es el riesgo que asume toda la sociedad al aceptar la desregulación del poder empresarial en base a esta función mágica de creación de riqueza: que las relaciones laborales pasen de estar regidas por el Derecho Laboral a estarlo por el Derecho Penal y que el papel del juez social haya de sustituirse por el del policía.
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